Ciudad de México, 14 de octubre de 2025. El Senado de la República aprobó la integración de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), formalizando la estructura de ambos órganos reguladores y completando una etapa clave en el rediseño institucional del sistema mexicano de competencia y telecomunicaciones.

Esta decisión da seguimiento a las candidaturas previamente enviadas por el Poder Ejecutivo mediante las cuales se propuso a los integrantes de los plenos de la CNA y la CRT, en cumplimiento de la reforma estructural aprobada en diciembre de 2024, que dispuso la sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

  Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) 

La CNA operará como un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Estará encargada de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica y de garantizar condiciones de mercado justas, eficientes y transparentes.

Su Pleno estará integrado por cinco comisionados, ratificados por el Senado, quienes desempeñarán cargos escalonados de tres a siete años:

• Andrea Marván Saltiel (2025–2028)
• Ana María Reséndiz Mora (2025–2029)
• Óscar Alejandro Gómez Romero (2025–2030)
• Ricardo Salgado Perrilliat (2025–2031)
• Haydee Soledad Aragón Martínez (2025–2032)

La nueva Comisión contará con independencia técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica. Este diseño busca asegurar la continuidad institucional y fortalecer la aplicación de la política de competencia en consonancia con los objetivos de desarrollo económico del país.

  Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)

La CRT actuará como autoridad colegiada encargada de regular los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y administración del espectro radioeléctrico, así como de supervisar la asignación de recursos orbitales y concesiones.

Funcionará como un organismo público descentralizado sectorizado en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con independencia técnica, operativa y de gestión.

Su Pleno, también integrado por cinco comisionados, fue ratificado por el Senado para ejercer mandatos escalonados de tres a siete años:

• Ledénika Mackensie Méndez González (2025–2028)
• María de las Mercedes Olivares Tresgallo (2025–2029)
• Adán Salazar Garibay (2025–2030)
• Tania Villa Trápala (2025–2031)
• Norma Solano Rodríguez (2025–2032)

Los temas que la CRT observará en el ejercicio de sus atribuciones incluyen la neutralidad de la red y el despliegue de infraestructura mediante procedimientos simplificados e incentivos a la inversión.

Su actuación también estará orientada a asegurar una clara separación entre las funciones del Estado como operador y como regulador, la protección de los usuarios y la igualdad de condiciones entre los distintos participantes del mercado.

  Balance institucional

La integración de la CNA y la CRT marca un avance relevante en el rediseño del aparato regulatorio, orientado a fortalecer la certeza jurídica, la eficiencia operativa y la coordinación entre autoridades económicas y digitales dentro del nuevo esquema de gobernanza.

Senate Approves the Integration of Mexico’s New Competition and Telecommunications Commissions 

Mexico City, October 14, 2025. The Mexican Senate approved the composition of the National Antitrust Commission (CNA) and the Telecommunications Regulatory Commission (CRT), formalizing the structure of both regulatory bodies and completing a key stage in the institutional redesign of Mexico’s competition and telecommunications framework.

This decision follows the shortlists previously submitted by the Federal Executive, which proposed members of the plenaries of the CNA and the CRT, in compliance with the structural reform adopted in December 2024, which provided for the replacement of the Federal Economic Competition Commission (COFECE) and the Federal Telecommunications Institute (IFT).

  National Antitrust Commission (CNA) 

The CNA will operate as a decentralized public body sectorized under the Ministry of Economy, with its own legal personality and assets. It will be responsible for enforcing the Federal Economic Competition Law and ensuring fair, efficient, and transparent market conditions.

Its Plenary will be composed of five commissioners, ratified by the Senate, who will serve staggered terms of three to seven years:

• Andrea Marván Saltiel (2025–2028)
• Ana María Reséndiz Mora (2025–2029)
• Óscar Alejandro Gómez Romero (2025–2030)
• Ricardo Salgado Perrilliat (2025–2031)
• Haydee Soledad Aragón Martínez (2025–2032)

The new Commission will have technical and operational independence in the performance of its functions, in accordance with Article 10 of the Federal Economic Competition Law. This institutional design seeks to ensure continuity and strengthen the enforcement of competition policy in line with the country’s broader economic development objectives.

  Telecommunications Regulatory Commission (CRT)

The CRT will act as a collegiate authority responsible for regulating telecommunications, broadcasting, and spectrum management, as well as supervising the allocation of orbital resources and concessions.
It will function as a deconcentrated body attached to the Digital Transformation and Telecommunications Agency (ATDT), with technical, operational, and managerial independence.

Its Plenary, also composed of five commissioners, was ratified by the Senate to serve staggered terms of three to seven years:

• Ledénika Mackensie Méndez González (2025–2028)
• María de las Mercedes Olivares Tresgallo (2025–2029)
• Adán Salazar Garibay (2025–2030)
• Tania Villa Trápala (2025–2031)
• Norma Solano Rodríguez (2025–2032)

The issues that the CRT will oversee within the scope of its powers include network neutrality and infrastructure deployment through simplified procedures and investment incentives.

Its actions will also be directed toward ensuring a clear separation between the State’s roles as operator and regulator, the protection of users, and equal conditions among the various participants in the market.

  Institutional Outlook

The integration of the CNA and the CRT represents a significant milestone in the redesign of Mexico’s regulatory apparatus, aimed at strengthening legal certainty, operational efficiency, and coordination between economic and digital authorities under the new governance framework.

El 2 de octubre del 2025 se dio a conocer la iniciativa por la que se propone reformar la Ley de Aguas Nacionales (“LAN”) y expedir una nueva Ley General de Aguas (“LGA”) (en conjunto, la “Iniciativa”). La Iniciativa está en un periodo de consulta pública ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

El nuevo marco jurídico conllevará un cambio de paradigma en la gestión de los recursos hídricos y el otorgamiento de derechos para su utilización por empresas, industrias y el sector agrícola, entre otros.

Dentro de los cambios más importantes, destacan:

A. Modificación al régimen de concesiones

• Se centraliza el otorgamiento de concesiones, asignaciones y permisos a nivel nacional en la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”). Los Organismos de Cuenca pasan a un plano secundario en dicho proceso.
• Se prohíbe la transmisión de concesiones de agua, y en su lugar se introduce la figura de reasignación de volúmenes.
• Se crea un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales de volúmenes recuperados, sin que estos puedan considerarse para la disponibilidad.
• La cuota de garantía para interrumpir la caducidad de volúmenes solamente podrá utilizarse por ocasiones limitadas, y siempre que se justifique ante la CONAGUA.
• Se establecen nuevos criterios para el otorgamiento de prórrogas, y el plazo para su solicitud deberá ser dentro del último año de la vigencia de la concesión, y máximo 6 meses antes de su vencimiento.
• Se prohíbe el cambio de uso del agua en las concesiones.
• La captación de agua pluvial para usos distintos al personal y doméstico requerirá de autorización por parte de la CONAGUA, y se crea un nuevo capítulo para fomentar el reúso de aguas residuales.

B. Inspección y multas

• Se amplían las facultades de inspección, verificación y sanción de la CONAGUA, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y la facultad de acceder a información reservada y/o confidencial. 
• Se aumenta notablemente el monto de las multas (hasta un 200%), y se añaden nuevas sanciones y delitos hídricos.

C. Nuevos principios rectores del marco jurídico

• Se incorpora el principio in dubio pro agua (ante situaciones de duda o contradicciones, prevalece el que beneficie en mayor medida el derecho humano al agua), así como otros que regirán la interpretación de la LGA y la LAN.
• Los Organismos Operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento por falta de pago, para asegurar el consumo humano mínimo.

D. Disposiciones transitorias

• La Iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
• La CONAGUA deberá expedir o reformar las disposiciones reglamentarias respectivas.

Durante el plazo de 10 días, los interesados podrán presentar observaciones podrán hacerlo para que sean tomadas en cuenta. En Nader, Hayaux y Goebel, contamos con un equipo de abogados especializados en derecho administrativo y recursos hídricos que puede brindar el acompañamiento legal necesario para la presentación de observaciones en esta etapa.

Federal Executive presents initiative for a new legal water framework 

On October 2, 2025, an initiative was presented proposing to amend the National Water Law (“LAN”) and enact a new General Water Law (“LGA“) (together, the “Initiative”). The Initiative is currently undergoing a public consultation period before the National Commission of Regulatory Improvement. 

The new legal framework will bring about a paradigm shift in water resource management and the granting of rights for its use by companies, industries, and the agricultural sector, among others. 

Among the most important changes are the following: 

A. Modification of the Concession Regime 

• The granting of concessions, assignations, and permits at the national level is centralized in the National Water Commission (“CONAGUA”). The Basin Organisms take a secondary role in this process.
• The assignment of water concessions is prohibited, and instead the concept of volume reallocation is introduced. 
• A National Waters Reserve Fund is created for recovered volumes, which cannot be considered for availability.
• The fee to guarantee the interruption of volume expiration may only be used on limited occasions and provided that it is justified to CONAGUA.
• New criteria are established for granting extensions, and the deadline for requesting them must be within the last year of the concession’s validity, and no later than six months before its expiration. 
• Changing the use of water in concessions is prohibited.
• Rainwater collection for uses other than personal and domestic purposes will require authorization from CONAGUA, and a new chapter is created to promote the reuse of wastewater. 

B. Inspection and Fines 

• CONAGUA’s powers of inspection, verification, and sanctioning are expanded, including the use of new technologies and the faculty to access restricted and/or confidential information.
• The amount of fines is significantly increased (up to 200%), and new sanctions and water crimes are added.

C. New Guiding Principles of the Legal Framework 

• The principle of in dubio pro agua is incorporated (in situations of doubt or contradiction, the principle that most benefits the human right to water prevails), as well as others that will govern the interpretation of the LGA and the LAN. 
• Operating Organisms may not completely suspend the supply of drinking water and sanitation services due to non-payment, in order to ensure minimum human consumption.

D. Transitory Provisions 

• The Initiative shall enter into force on the day following its publication in the Official Gazette of the Federation. 
• CONAGUA shall issue or amend the respective regulatory provisions. 

During a period of 10 days, interested parties may submit comments for consideration. At Nader, Hayaux & Goebel, we have a team of attorneys specializing in administrative law and water resources who can provide the necessary legal support for the submission of comments at this stage.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) modificaron su respectivo reglamento interior para incorporar las disposiciones aplicables al régimen de emisiones simplificadas, conforme a la Ley del Mercado de Valores y a la Circular Única emitida por la CNBV.

Los reglamentos ahora contemplan, entre otros aspectos:

• Procedimientos que deberán seguirse para el listado e inscripción de valores bajo este esquema, con o sin oferta pública.
• Derechos y obligaciones de las emisoras simplificadas.
• Reglas sobre ofertas públicas de adquisición, actualización de información y cancelación de registros.
• Requisitos de historial crediticio y honorabilidad de las emisoras.

Para consultar un comparativo de los procedimientos previstos en la BMV y en la BIVA, haga clic aquí.

Para acceder a una guía práctica de la documentación necesaria para emisiones simplificadas, haga clic aquí.

Para más información, favor de contactar al equipo de mercado de capitales en [email protected] o a su contacto habitual en Nader, Hayaux & Goebel.

BMV and BIVA publish rules for Simplified Issuances

The Mexican Stock Exchange (BMV) and the Institutional Stock Exchange (BIVA) have amended their respective internal regulations to incorporate the provisions applicable to the simplified issuance regime, in line with the Securities Market Law and the General Circular issued by the CNBV.

The regulations now cover, among other aspects:

• Procedures for the listing and registration of securities under this regime, with or without a public offering.
• Rights and obligations of simplified issuers.
• Rules on tender offers, information updates, and deregistration.
• Credit history and integrity requirements for issuers.

To access a comparative overview of the procedures provided by the BMV and BIVA, click here.

To access a practical guide on the documentation required for simplified issuances, click aquí.

For further information, please get in touch with the capital markets team at [email protected] or your usual point of contact at Nader, Hayaux & Goebel.

Ejercicio fiscal 2025

De conformidad con la Ley de Aguas Nacionales vigente (“LAN”), cuando se dejen de explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales concesionadas o asignadas durante dos años consecutivos, la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”) puede declarar su extinción a través de la figura de caducidad total o parcial, según sea aplicable.

Para evitar la extinción de derechos respecto a los volúmenes inutilizados y, con ello, poder conservar la totalidad del volumen de aguas concesionado o asignado, una de las seis opciones con las que cuenta el concesionario/asignatario es el pago de una cuota de garantía de no caducidad (en lo sucesivo referida como la “Cuota”).

La Cuota es un tipo de aprovechamiento fiscal que representa el costo de oportunidad social ocasionado por dejar de utilizar las aguas nacionales concesionadas o asignadas durante el plazo referido, con el mínimo costo fiscal anual soportado por el Estado en ese periodo.

Para su determinación, año con año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece el monto autorizado a la CONAGUA para que los concesionarios y/o asignatarios lo utilicen, en su caso, en la fórmula para calcular la Cuota a pagar.

La Cuota, por m3, se determina en función de los siguientes elementos:

• La fuente primaria de extracción (superficial o subterránea); exceptuando las del mar.  
• La zona de disponibilidad en la que se ubique la fuente de extracción (recordando que la Ley Federal de Derechos contempla cuatro zonas).
• El uso que se le dé al recurso hídrico (agua potable, generación hidroeléctrica, acuacultura y, balnearios o centros recreativos).

Las Cuotas para el ejercicio fiscal 2025 son:

La Cuota tuvo un incremento porcentual de casi el 3% con respecto a las cuotas más relevantes en el ejercicio 2024.

Esta causal de interrupción de caducidad cuenta con un marco de regulación especial, contenido dentro del Reglamento para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2011.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Si desea conocer más al respecto de la Cuota, las causales de interrupción de caducidad de volúmenes inutilizado, sus implicaciones y acciones legales disponibles al concesionario o asignatario, por favor contacte a:

Marcela Ánimas ([email protected])

Equipo de Ambiental ([email protected])

Publicación: DOF 13 de agosto de 2025.

CONAGUA: Non-forfeiture guarantee fee.

Fiscal year 2025

Persuant to the National Water Act in force (“LAN” for its acronym in Spanish), when the exploitation, use, or harness of national waters allocated ceases for two consecutive years, the National Water Commission (“CONAGUA”) may extinguish the unused water rights using a partial or total forfeiture (as applicable).  

To avoid the forfeiture of water rights and, thus, to be able to keep the total volume of water allocated under a title, one of the six options available to the holder of the title is the payment of a non-forfeiture guarantee fee (hereinafter referred to as the “Fee”).

The Fee is a type of Tax which represents the social opportunity cost resulting from the lack of use of the allocated national waters during the referred term, with the minimum annual fiscal cost borne by the State during that period.

On an annual basis, the Ministry of Finance and Public Credit determines and authorizes a Fee that the titleholders may apply in a formula to calculate the amount to be paid to CONAGUA.

The Fee, which is set per m3, is determined according to the following elements:

• The primary source of extraction (surface or groundwater). Sea water is an exception.
• The availability zone in which the extraction source is located (the Federal Governmental Charges Act establishes four zones).
• The use given to the water (drinking water, hydroelectric power, aquaculture, spas or recreational centers).

The Fees for the 2025 fiscal year are:

The fee has been increased by nearly 3% relative to the most significant amounts for the 2024 fiscal year.

The secondary legal provisions that regulate this non-forfeiture guarantee fee are embedded in the Regulations for the determination and payment of the guarantee fee of national water rights (Reglamento para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales), published in the Official Gazette of the Federation on May 27, 2011.

We hope you find this information useful.

If you wish to learn more about this Fee, the options to mitigate the risk of forfeiture of unused water allocations, its implications, and legal actions available to holders of water rights titles, please contact:

Marcela Ánimas ([email protected])

Environmental Law Team ([email protected])

Published on August 13, 2025, in the Official Gazette of the Federation.

El 23 y 25 de julio de 2025 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular.

En lo que respecta a las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), las reformas fortalecen el marco normativo en materia de diversificación de riesgos, establecen nuevos criterios contables y precisan límites y metodologías para el otorgamiento de créditos, con y sin garantía. También se introducen disposiciones para la diversificación de pasivos y obligaciones de verificación.

Estas medidas buscan optimizar la gestión de riesgos, ampliar la oferta de crédito y contribuir a la estabilidad del sistema financiero.

Para conocer el detalle de las modificaciones y su impacto operativo, consulte el documento completo aquí.

Si requiere información o asesoría en relación con esta nota, favor de contactar a:

Jenny Ferrón: [email protected]

New Rules for SOFIPOS: Risk Diversification and Consumer Loan Thresholds

On July 23 and 25, 2025, amendments to the General Provisions applicable to popular savings and credit entities were published in the Federal Official Gazette.

With respect to Popular Financial Societies (SOFIPOS), these reforms strengthen the regulatory framework on risk diversification, establish new accounting criteria, and set forth limits and methodologies for granting loans, both secured and unsecured. They also introduce provisions for liability diversification and verification obligations.

These measures aim to optimize risk management, expand credit offerings, and contribute to the stability of the financial system.

For a detailed overview of the amendments and their operational impact, please refer to the full document aquí.

If you require information or advice regarding this matter, please get in touch with:

Jenny Ferrón: [email protected]

El 6 de agosto de 2025, la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el acuerdo por el que se establecen los requisitos para obtener un permiso de generación para autoconsumo interconectado en centrales eléctricas cuya capacidad sea de entre 0.7 a 20 megawatts (“MW”).

La CNE ha simplificado los requisitos para la obtención del permiso de generación en esta modalidad, de manera que:

• La documentación corporativa requerida se ha reducido.
• Se utiliza un formato único y simplificado, en lugar de múltiples anexos de control corporativo.
• Solo se requiere un diagrama general de la estructura accionaria y corporativa, que incluya los porcentajes de participación y la identificación de quienes ejercen control directo.
• Un plan de negocios simplificado si la central eléctrica no está instalada.
• Basta con un diagrama simplificado de obras que indique el inicio, terminación y fecha de operación comercial, en lugar de un programa detallado.
• Ya no es necesario presentar fichas técnicas de los equipos ni información técnica adicional sobre la tecnología o proveedores utilizados.
• No se exige detallar la producción anual neta y bruta de energía; únicamente se requiere la capacidad de la central y la generación anual estimada.
• Solo debe presentarse el número de acuse de recepción o, en su caso, el número de resolutivo definitivo de la nueva autorización en materia de Manifestación de Impacto Social del Sector Eléctrico.
• No se requiere presentar el estudio de impacto del Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), basta con proporcionar el número de oficio que informe los resultados del estudio correspondiente.
• Se permite la presentación de estados financieros no auditados correspondientes a al menos los dos años anteriores a la solicitud.
• Ya no se requiere acreditar experiencia técnica mediante documentación detallada ni evidenciar recursos propios o contratados; ahora es suficiente con demostrar experiencia general en proyectos similares.
• Sin embargo, ahora es necesario señalar la denominación de cada una de las usuarias de la red particular asociada a la central, conforme a la Ley del Sector Eléctrico (“LSE”).

Bajo la abrogada Ley de la Industria Eléctrica, la figura de abasto aislado con interconexión a las Redes Generales de Distribución o a la Red Nacional de Transmisión, actualmente regulada como autoconsumo interconectado conforme a la nueva LSE, requería la presentación de una carga documental considerablemente más extensa.

Antes de la emisión de esta nueva regulación, se requería una serie de documentos detallados para respaldar la solicitud, incluyendo información sobre la estructura del capital social, el grupo económico del solicitante, participaciones accionarias en fideicomisos, estados financieros auditados por contador público registrado ante el SAT, plan de negocios con detalles específicos, tipo de control corporativo, montos de inversión justificados, plan de financiamiento, acuse de recibo de la Evaluación de Impacto Social con los anexos correspondientes, el estudio de impacto del CENACE relacionado con la interconexión eléctrica, entre otros.

El Acuerdo entrará en vigor cuando los Reglamentos de la LSE y de la Ley de Planeación y Transición Energética también entren en vigor. Asimismo, la CNE emitirá los modelos de contrato, metodologías de cálculo y bases para determinar y actualizar contraprestaciones para los excedentes de energía de estas centrales eléctricas.

Si requiere información o asesoría en relación con esta nota, favor de contactar a nuestro equipo de energía:

• Javier Arreola [email protected]
• Vanessa Franyutti [email protected]
• Alejandro Rojas [email protected]
• Santiago Medina [email protected]
• Ana María Alpízar [email protected]

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CNE issues new regulation on Interconnected Self- Supply for Power Plants from 0.7 to 20 MW

On August 6, 2025, the National Energy Commission (“CNE”) published in the Official Gazette of the Federation (“DOF”) a resolution establishing the requirements to obtain a generation permit for interconnected self-supply power plants with a capacity between 0.7 and 20 megawatts (“MW”).

The CNE has now significantly simplified the requirements for obtaining a generation permit of this nature, as follows:

• Corporate documentation requirements have been streamlined.
• A single, simplified form is now used replacing multiple corporate and control structures annexes.
• Only a general diagram of the shareholding and corporate structure is required, indicating percentage ownership and identifying individuals exercising direct control.
• A simplified business plan is required if the plant has not yet been installed.
• A simplified project timeline showing the start, completion, and commercial operation dates is sufficient, replacing a detailed program.
• It is no longer necessary to submit equipment technical data sheets or additional technical information regarding the technology or suppliers used.
• Detailed figures for gross and net annual energy production are no longer required; only the plant’s capacity and estimated annual generation must be provided.
• Only the acknowledgment receipt number or, as applicable, the final resolution number for the new Social Impact Assessment for the Electric Sector must be submitted.
• Submission of the National Energy Control Center (“CENACE”) impact study is no longer required; it is sufficient to provide the official reference number reporting the results of the corresponding study.
• Unaudited financial statements for at least the two fiscal years prior to the application are now accepted.
• Detailed documentation proving technical experience or evidence of own or contracted resources is no longer required; general experience with similar projects is now sufficient.
• The name of each user of the private network associated with the plant must now be provided, in accordance with the Electric Sector Law (“LSE”).

Under the now-repealed Electric Industry Law, isolated supply projects with interconnection to the General Distribution Grids or the National Transmission Grid, now regulated as interconnected self-supply under the LSE, required the submission of a significantly more extensive set of documents.

Prior to the issuance of this new regulation, applicants were required to submit detailed supporting documentation, including information on the share capital structure, the applicant’s economic

group, shareholdings held in trusts, audited financial statements prepared by a certified public accountant registered before the Mexican Tax Authority (SAT), a detailed business plan with specific information, the type of corporate control exercised over the applicant, substantiated investment amounts, a financing plan, the acknowledgment receipt for the Social Impact Assessment with the corresponding exhibits, the CENACE impact study related to the plant’s interconnection, among other items.

The Resolution will enter into force when the Regulations of the LSE and the Planning and Energy Transition Law also enter into force. The CNE shall also issue contract templates, calculation methodologies and the basis to determine the consideration that will apply to surplus energy injected into the grid by these power plants.

If you require information or advice regarding this matter, please get in touch with our energy team:

• Javier Arreola [email protected]
• Vanessa Franyutti [email protected]
• Alejandro Rojas [email protected]
• Santiago Medina [email protected]
• Ana María Alpízar [email protected]

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (“LNETB”) publicada en el Diario Oficial de la Federación y en vigor a partir del 17 de julio de 2025, introduce cambios sustanciales en la digitalización, simplificación, armonización y estandarización de trámites y servicios, así como en el proceso de diseño, elaboración y expedición de acuerdos, normas, reglamentos, circulares, lineamientos y otro tipo de disposiciones legales de carácter general.

1. Nuevas Autoridades

Se extingue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y se otorgan nuevas facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, como Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización. Se abroga la Ley General de Mejora Regulatoria.

A niveles estatal y municipal se crearán las Autoridades Locales de Simplificación y Digitalización, quienes, junto con los Enlaces de Simplificación y Digitalización y las personas públicas responsables en los Poderes Legislativo y Judicial serán los responsables de la implementación, supervisión y vigilancia de la LNETB.

2. Objetivos de la Ley

• Habilitar el Modelo Nacional de Eliminación de Trámites Burocráticos.
• Habilitar el Modelo de Homologación de Trámites y Servicios y compartición de soluciones tecnológicas.
• Habilitar el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios donde los ciudadanos pueden realizar diversos trámites y acceder a servicios gubernamentales de manera digital.
• Establecer la Llave MX, vinculada a la CURP para la simplificación y digitalización de Trámites y Servicios.

3. Conceptos clave

• Interoperabilidad entre sistemas nacionales y locales para intercambiar y consultar información.
• Estandarización de requisitos y tiempos de respuesta en los tres niveles de gobierno, así como implementación de formatos únicos.
• Reconocer a los documentos digitales con la misma validez que los físicos.
• Sustituir permisos por avisos, cuando proceda.
• Digitalización de trámites simplificados previamente.
• Homologar vigencias de resoluciones de trámites que guarden relación o dependencia.
• Implementar renovaciones inmediatas cuando subsistan las mismas condiciones.
• Medios únicos de contacto para brindar información y orientación sobre trámites y servicios
• Creación del Registro Nacional de Visitas Domiciliarias para dar publicidad a información sobre inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias, salvo a aquellas que tengan como fin atender situaciones de emergencia.

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Nader, Hayaux & Goebel cuenta con un equipo de abogados especializados para evaluar el impacto de la LNETB sobre su empresa. Nuestro equipo está disponible para brindar asesoría específica o diseñar planes de acción a la medida para adecuarse al nuevo marco normativo.

Para más información o para agendar una reunión, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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Digital government: Latest updates in governmental procedures and services

The National Law for the Elimination of Bureaucratic Procedures (“LNETB”) was published in the Official Gazette of the Federation and entered into force on July 17, 2025, introducing substantial changes for digitalization, simplification, harmonization and standardization of procedures and services, as well as changes to the process for designing, creating and issuing agreements, rules, regulations, guidelines and other types of legal provisions.

1. New Authorities

The National Regulation Improvement Agency ceases to exist. New powers are granted to the Digital Transformation and Telecommunications Agency, in its character of National Authority in matters for simplification and digitalization. The General Law for Regulation Improvement is repealed.

On the state and municipal levels, the Local Simplification and Digitalization Authorities will be created, along with the Simplification and Digitalization Liaisons and the Responsible Public Officials for the Legislative and Judicial Powers who will oversee the implementation, supervision, and oversight of the LNETB.

2. Purposes of the Law

• Enable the Nacional Model for the Elimination of Bureaucratic Processing.
• Enable the Model for Standardization of Proceedings and Services, as well as sharing technological solutions.
• Enable the Single Citizen Portal for Procedures and Services where citizens can conduct various procedures and access government services digitally.
• Enable the MX Key (Llave MX), linked to the Unique Population Registry Code (CURP) for the simplification and digitalization of Procedures and Services.

3. Key concepts

• Interoperability amongst national and local systems for the exchange and consultation of information.
• Standardization of requirements and timeframes for responses from the three levels of government, as well as implementing single formats.
• Recognize that digital documentation has the same validity as physical documentation.
• Substitute permits for notices, when applicable.
• Digitalization of filings, when previously simplified.
• Standardization of effective terms granted for related resolutions.
• Immediate renewals in those cases when the granting conditions persist.
• A unique means of contact to provide information and orientation regarding procedures and services.

Creation of the National Visitation Registry to give publicity to inspection, verification or visitation information, except those which have the purpose of attending to emergency situations.

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Nader, Hayaux & Goebel has a team of specialized lawyers to evaluate the impact of the LNETB on your business. Our team can provide specific advice or design tailor-made action plans to adapt to the new legal framework.

For more information or to schedule a meeting, please do not hesitate to contact us.

[email protected]

El 21 de julio de 2025 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para aplicar el Decreto del 4 de julio que otorga beneficios fiscales en los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI).

Los PODECIBI son zonas designadas para promover proyectos públicos o privados de producción sostenible, reciclaje, reúso, investigación y educación en economía circular y sostenibilidad ambiental (Actividades de Economía Circular), mediante incentivos fiscales y facilidades administrativas.

Podrán declararse PODECIBI inmuebles propiedad de entidades públicas que cumplan con criterios como ubicación, conectividad, sostenibilidad e impacto social. Los entes propietarios podrán, a través de procesos de licitación o adjudicación directa, otorgarlos en concesión, arrendamiento u otro tipo de contratos a desarrolladores privados, para que construyan naves industriales, locales comerciales o áreas de investigación. Estos desarrolladores podrán (sub)arrendar a personas físicas o morales (nacionales o extranjeras) que realicen Actividades de Economía Circular (Empresas de Economía Circular).

Tanto desarrolladores como Empresas de Economía Circular podrán acceder a beneficios fiscales (no acumulables con los del Plan México), entre ellos:

•  Crédito fiscal del 100% sobre derechos por uso de bienes del dominio público federal, aplicable durante y después de la construcción, para desarrolladores que no cobren renta en ese periodo y cumplan ciertos requisitos.
•  Deducción adicional del 25% sobre el incremento en gastos de capacitación o innovación.
•  Deducción inmediata del 100% en activos fijos nuevos entre 2025 y 2030, si permanecen en uso al menos dos años.
•  Exención de presentar aviso para acreditar los estímulos fiscales.

Los Lineamientos facultan a SEMARNAT para emitir constancias de acreditación de cumplimiento y resoluciones de incumplimiento, necesarias para acceder o perder los beneficios fiscales.

Hasta ahora, la SEMARNAT no ha declarado ningún PODECIBI. El Servicio de Administración Tributaria aún debe emitir las reglas generales para aplicar los beneficios fiscales, pudiendo considerar la Taxonomía Sostenible de México para definir actividades elegibles y asegurar la sostenibilidad de los proyectos.

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Nader, Hayaux & Goebel cuenta con un equipo de abogados especializados en materia ambiental y fiscal que pueden acompañar a los interesados en desarrollar proyectos de circularidad en los PODECIBI o en Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Nuestro equipo está disponible para brindar asesoría específica o diseñar planes de acción a la medida para obtener los beneficios establecidos bajo el nuevo marco normativo. Para más información o para agendar una reunión, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

SEMARNAT and SHCP boost investment in circular economy

On July 21, 2025, Mexico’s Ministry of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) published in the Official Gazette of the Federation the Guidelines for the implementation of the July 4 Decree which grants tax incentives within the Circular Economy Development Zones for Wellbeing (PODECIBI).

PODECIBI are designated areas aimed at promoting public or private projects in sustainable production, recycling, reuse, research, and education in circular economy and environmental sustainability (Circular Economy Activities) through tax incentives and administrative simplification.

Properties owned by public entities may be declared PODECIBI if they meet criteria such as location, connectivity, sustainability, and social impact. Once designated, owner entities may, through tender or direct designation, grant concessions, leases, or other types of agreements to private developers to build industrial facilities, commercial spaces, or research areas. These developers may (sub)lease to national or foreign individuals or entities that engage in Circular Economy Activities (Circular Economy Companies).

Developers and Circular Economy Companies may access tax benefits (not cumulative with those under Plan México), including:

•  A 100% tax credit on fees for the use of federal public property, applicable during and after the construction period, provided that developers charge no rent during such period and certain conditions are met.
•  An additional 25% deduction on increases in training or innovation expenses.
•  100% accelerated depreciation on investments in new fixed assets made between 2025 and 2030, if the assets remain in use for at least two years.
•  Exemption from filing notices to claim the tax incentives.

The Guidelines authorize SEMARNAT to issue compliance certificates and non-compliance resolutions, required to grant or revoke access to tax benefits.

To date, no PODECIBI has been designated by SEMARNAT. The Tax Administration Service is yet to publish general rules for applying the tax incentives and may reference Mexico’s Sustainable Taxonomy to define eligible activities and ensure projects are sustainable.

* * *

Nader, Hayaux & Goebel has a team of lawyers specialized in environmental and tax matters to accompany those interested in developing projects in the PODECIBI, or the Economic Development Zones for Wellbeing.

Our team can provide specific advice or design tailor-made action plans to benefit from the incentives established in the new legal framework. For more information or to schedule a meeting, please do not hesitate to contact us.

El 23 de julio de 2025 se publicaron reformas a la Circular Única de Casas de Bolsa (“CUCB”), con implicaciones relevantes para las operaciones de colocación de valores y la actividad secundaria en el mercado de valores mexicano. Dichas reformas entraron en vigor el 24 de julio de 2025.

A continuación, los puntos clave que deben tener presentes las casas de bolsa y participantes del mercado:

1. Emisoras Simplificadas: En general, se aplican las mismas reglas que para otras emisoras. Sin embargo, las casas de bolsa deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos:

(a) Ajustarse a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras simplificadas.

(b) Publicar en su sitio web los requisitos y procedimientos para inscripciones simplificadas.

(c) Entregar una carta firmada que detalle los riesgos asociados a la emisión en cuestión.

(d) Conservar evidencia de la revisión de documentos de la emisión y de la divulgación de información relevante.

2. Múltiples Intermediarios Colocadores:

(a) Se mantiene la posibilidad de que participe más de un intermediario colocador en una misma emisión. Sin embargo, no se considerará que existe una sindicación salvo que haya un acuerdo expreso en ese sentido.

(b) En caso de existir un contrato de sindicación, el líder colocador será el principal responsable del cumplimiento normativo.

(c) El contrato de colocación debe detallar comisiones correspondientes a cada intermediario y los servicios adicionales o complementarios ofrecidos por cada uno a la emisora.

3. Obligaciones Nuevas:

(a) Se debe contar con evidencia documental de que el área de auditoría interna revisó las políticas internas de cumplimiento regulatorio.

(b) Será obligatorio grabar o documentar todas las comunicaciones electrónicas o telefónicas con clientes y conservarlas durante al menos cinco años.

(c) En operaciones del mercado secundario, deberán verificar que los adquirentes de valores de oferta pública restringida o de inscripción simplificada sean inversionistas calificados o institucionales.

4. Otros cambios:

(a) Ya no será aplicable el Anexo 1 de las Disposiciones generales a los inversionistas calificados.

(b) Se incorporan criterios contables excepcionales aplicables en casos de fenómenos naturales que afecten la liquidez de las casas de bolsa.

En NHG estamos monitoreando de cerca la implementación de estos cambios y acompañando a nuestros clientes en la adecuación de sus contratos, políticas internas y estrategias de colocación. Nuestro equipo especializado en mercados de capital y cumplimiento regulatorio está a su disposición para revisar sus procesos.

AMENDMENTS TO THE GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO BROKERAGE HOUSES

On July 23, 2025, amendments to the Circular Única de Casas de Bolsa (“CUCB”) were published, introducing significant changes for securities placement activities and secondary market operations in the Mexican securities market. The amendments took effect on July 24, 2025.

The following are the key aspects that brokerage houses and other market participants should be aware of:

1. Simplified Issuers: In general, the same rules applicable to traditional issuers will apply. However, brokerage houses must comply with the following additional requirements:

(a) Comply with the general provisions applicable to simplified issuers.

(b) Publish on their website the requirements and procedures for simplified listings.

(c) Deliver a signed letter to investors outlining the risks associated with the relevant issuance.

(d) Keep evidence of their review of issuance documents and the disclosure of relevant information.

2. Multiple Placement Agents:

(a) The participation of more than one placement agent in a single issuance remains possible. However, a syndicate will only be deemed to exist if an express syndication agreement is in place.

(b) Where such an agreement exists, the lead underwriter will be the primary party responsible for regulatory compliance.

(c) The placement agreement must detail the fees corresponding to each placement agent, as well as any additional or complementary services offered by each of them to the issuer.

3. New Operational Obligations:

(a) Brokerage houses must keep documentary evidence that their internal audit area has reviewed internal regulatory compliance policies.

(b) It will be mandatory to record or document all electronic or telephone communications with clients, and such records must be retained for at least five years.

(c) In secondary market operations, brokerage houses must verify that purchasers of restricted public offerings or simplified listings are qualified or institutional investors.

4. Other Relevant Changes:

(a) Annex 1 of the General Provisions will no longer apply to qualified investors.

(b) Exceptional accounting criteria will be introduced for natural disaster scenarios that impact the liquidity of brokerage houses.

At NHG, we are closely monitoring the implementation of these regulatory changes and are actively assisting our clients in updating their contracts, internal policies, and placement strategies. Our team, specializing in capital markets and regulatory compliance, is available to support you in reviewing your processes.

El Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (“LMTR”), misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 17 de julio de 2025.

La LMTR introduce cambios relevantes en las siguientes áreas:

Rediseño institucional

Se extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) y se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (“CRT”), un organismo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La CRT asume las funciones del IFT y tendrá facultades para regular las telecomunicaciones, la radiodifusión y los servicios digitales.

2. Nuevos sujetos regulados

La LMTR regula tres nuevos entes:

• Proveedores de infraestructura pasiva, sujetos de nueva regulación para la instalación, despliegue, reordenamiento y retiro de infraestructura, y prestación de servicios.
• Operadores de plataformas y servicios digitales de cualquier tipo(contenido, streaming, comida, movilidad, entre otros), quienes tendrán que cumplir con obligaciones  específicas de: i) no transmitir en sus plataformas ningún tipo de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo promociones culturales, turísticas y deportivas, ii) atender mandamientos de autoridades penales, fiscales y administrativas, y la facultad de dichas autoridades para recabar información sobre usuarios o clientes, y iii) la existencia de sanciones monetarias por incumplir estas obligaciones.  
• El Estado Mexicano, en su carácter de competidor en la provisión de servicios de internet y conectividad.

3. Nuevas reglas de infraestructura (incluyendo fibra óptica y centros de datos)

La infraestructura pasiva y activa será objeto de nuevas reglas para su instalación, despliegue, manenimiento, reordenación y desmantelamiento, mientras que los proveedores de esa infraestructura tendrán nuevas obligaciones de reporte, monitoreo y sanciones económicas en caso de incumplimiento.

4. Otros aspectos relevantes

•  Regulación satelital. La LMTR incluye nuevas normas para regular servicios satelitales, sostenibilidad espacial y comunicaciones con plataformas de gran altitud.
•  Poder sustancial, preponderancia e insumos esenciales. La Comisión Nacional Antimonopolio tendrá atribuciones para declarar la existencia de poder sustancial, preponderancia e insumos esenciales en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Corresponderá a la CRT vigilar y supervisar su cumplimiento.
•  Nuevas figuras legales. Se crean nuevas licencias y autorizaciones, incluyendo: a) la existencia de constancia de registro de operación, aplicable a sistemas aeronáuticos, equipos o aparatos utilizados en eventos especiales, así como dispositivos emisores y receptores de señales, b) nuevas categorías de servicios requerirán de autorización, y c) las redes de radiocomunicaciones inteligentes deberán contar con un título de concesión.

5. Licitación de espectro 5G  

Como una de las prioridades de la CRT, ésta deberá emitir, en un plazo de 180 días, un plan para la licitación del espectro destinado a servicios 5G.

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Nader, Hayaux & Goebel cuenta con un equipo especializado para acompañar a su empresa en este proceso. Nuestro equipo está disponible para brindar asesoría específica o diseñar planes de acción a la medida para adecuarse al nuevo marco normativo.

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NEW LAW IN TELECOMMUNICATIONS AND BROADCASTING

Mexico´s Congress has approved a new Legislation on Telecommunications and Broadcasting (“LMTR”), which was published in the Official Gazette and came into force on July 17, 2025.

LMTR introduces significant changes in the following areas:

1. Institutional redesign

The Federal Telecommunications Institute (“IFT”) will be replaced by the Telecommunications Regulatory Commission (“CRT”), a desconcentrated entity under the Agency for Digital Transformation and Telecommunications. The CRT will assume the powers previously held by the IFT and will regulate telecoms, broadcasting and digital services.

2. New regulated entities

LMTR includes three new regulated entities:

•  Providers of passive infrastructure, which will be subject to new rules for the installation, deployment, maintenance and dismantling of telecom infrastructure, and the provision of services.
• Operators of digital platforms and digital services of any kind(content, streaming, food, mobility, among others), that must comply with specific obligations of: i) not transmitting on their platforms any type of advertising from foreign governments, except for cultural, tourism and sports purposes, ii) complying with mandates from criminal, tax and administrative authorities, and the power of said authorities to collect information about their users or clients, and iii) the existence of monetary penalties for failing to comply with these obligations.  
•  The State, when will become a market participant in the services of internet access and connectivity.

3. New rules on infrastructure (including fiber and data centers)

Passive and active infrastructure will be subject to greater obligations for their installation, deployment, maintenance, reorganization and dismantling, and there will be new reporting and monitoring obligations, and economic sanctions in case of non-compliance.

4. Other key changes

•  Satellite regulation.LMTR includes rules on satellite services, space sustainability and communications with High-Altitude Platforms.
•  Substantial power, preponderance and essential incomes. The National Competition Agency will have the authority to declare or determine substantial power, preponderance and essential incomes, whereas the CRT will monitor and sanction the entities subject to those regimes.
•  New type of licenses. A registration certificate will be required for i) aeronautical systems, ii) equipment or devices used in special events (sporting and cultural) and iii) the emission and reception of radiocommunication signals. Specific types of telecom services will require authorization, and smart radiocommunication networks will require a government license.

5. 5G Auction  

As one of the priorities of the CRT, LMTR provides for the issuance of a 5G spectrum auction plan within 180 days.

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Nader, Hayaux & Goebel cuenta con un equipo especializado para acompañar a su empresa en este proceso. Nuestro equipo está disponible para brindar asesoría específica o diseñar planes de acción a la medida para adecuarse al nuevo marco normativo.

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